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lunes, 11 de mayo de 2009

El tema de la nacionalidad

El tema de la nacionalidad
Julio Mariñez Rosario
El desarrollo del Derecho en los países Hispanoamericanos se distingue, entre otros temas, por el de la nacionalidad. Allí nuestros juristas y legisladores han dictado cátedra en cuanto a reconocerle un sol y una patria a quienes nacen en nuestras latitudes.
La Constitución de Chile establece que son chilenos “los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes”. En el caso de “los naturales de Colombia, con una de dos condiciones: que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la República en el momento del nacimiento”. Costa Rica: “El hijo de padres extranjeros nacido en Costa Rica que se legaliza como costarricense, por voluntad de cualquiera de sus progenitores mientras sea menor de edad, o por la propia hasta cumplir veinticinco años;… “Son panameños por nacimiento: Los nacidos en el territorio nacional...” dice la Carta Magna del Istmo. “Son mexicanos por nacimiento: Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de los padres…”
La de Brasil, aún fuera del ámbito Hispanoamericano, dice así: son brasileños: “los nacidos en la República Federativa del Brasil, aunque de padres extranjeros, siempre que éstos no estén al servicio de su país”.
Las mayorías de las constituciones de América latina tienen un ordenamiento en la materia muy similar.
La Asamblea Revisora está reformando la Constitución de la República Dominicana. Uno de los temas importante es el de la nacionalidad y particularmente el de los hijos de haitianos nacidos en nuestro territorio. Existen todo un catalogo de principios referidos a los Derechos Humanos los cuales suscribimos como Estado soberano. Pero a la hora de discutir un tema puntual, prevalece en el criterio de algunos legisladores el compromiso con sus pasiones. El ser humano considerado, como nación cristiana, es igual. En términos morales, “desde el punto de vista de la bondad o malicia” tal como especifica el Diccionario de la Real Academia Española, no podemos rechazar extender la mano a quien lo necesita. Respetando estrictamente el alcance de las Constituciones de ambos países.
Quienes tenemos convicción socialdemócrata comulgamos con el principio de solidaridad. Nuestro pueblo ha tenido que emigrar en variadas circunstancias y siempre ha encontrado en tierra lejana un espacio amigo para desarrollar nuestra capacidad y supervivencia. No son pocos los hijos de dominicanos que dan lustre a países hermanos, como nacidos en esos territorios. Debemos pensar en eso a la hora de legislar, con sabiduría, humildad y dignidad hacia lo interno.
Existe un punto de equilibrio entre el ser y el deber ser. A ese punto de equilibrio no se puede llegar de espalda a los principios que han consolidado nuestra nacionalidad. Somos un país de hermanos, muchos llegados allende de los mares, otros más cerca. De allí que tomar decisiones ligeras por todo el pueblo dominicano, sin una consulta ámplia es un error político que la historia imputará a quienes hoy lo cometan.
La Asamblea Constituyente es el camino legítimo para modificar nuestra Carta Magna. La Asamblea Revisora es legal, mas no legitima. Muchos serán los gazapos y acusaciones, que recaerán sobre los asambleístas que forman parte de este cuerpo élite, que se abroga el derecho de decidir el futuro constitucional de nuestro país. El mal todavía puede evitarse. De lo contrario, ¡que Dios nos agarre confesados!

miércoles, 8 de abril de 2009

La Constituyente

La Constituyente
Julio Mariñez Rosario

El pueblo dominicano exige a voz alzada una Constituyente. Un parche mal colocado que responde a intereses parciales hará más daño a la sociedad que el remedio que pretende aplicar.
La Constituyente debe ser la expresión del pueblo que, de manera soberana, genere los cambios estructurales que la sociedad exige.
El pueblo constituido en Asamblea Nacional Constituyente, democráticamente elegida y con poder suficiente para decidir qué principios e instituciones extinguirá, ratificará, modificará o diseñará, bajo principios de general aceptación, como la preservación de la democracia y la instauración de un sistema de gobierno en el que se privilegie la justicia diáfana e igualitaria, el derecho a elegir y ser elegido, la orientación social de la actuación del Estado y principios que garanticen la libertad, la igualdad y la solidaridad entre los dominicanos y dominicanas.
La Constituyente viene a ser, en definitiva, la voluntad de un pueblo para organizar políticamente a la nación.
Establece las bases del pacto político y su expresión en la distribución de las ramas del poder público y sus relaciones con el ciudadano.
El pueblo es dueño de ese derecho, es titular del mismo y por tanto, al constituirse en poder constituyente soberano, es originario y tiene la potestad de refundar la república sobre bases de participación democrática.
De allí que el poder constituyente es originario. O sea, lo ejerce directamente o a través de representantes elegidos.
Pero, finalmente, mediante referéndum debe aprobar o rechazar lo actuado por sus representantes.
El poder constituyente es unitario, ya que abarca todos los poderes del Estado y establece el mecanismo de la división de los mismos y la formula de balance entre los poderes.
El poder constituyente es permanente, ya que es el pueblo accionando en función de la organización del Estado.
Así que debe garantizarse la viabilidad de su convocatoria cuando la situación lo amerite.
Es inalienable, en función de su origen y poder.
No puede ser manipulable ni permitir que elites liquiden su potestad de diseñar el Estado que amerite la sociedad.
De allí que los poderes constituidos, los que día a día dirigen la sociedad, tienen su base en el poder constituyente y los primeros no pueden ni limitarlo ni dotarle de una determinada configuración que imposibilite su potestad.
En el poder constituyente descansan todas las facultades y competencias constituidas y plasmada en la Constitución.
Pero esa Constitución no puede castrar al poder constituyente. El pueblo, la nación, sigue siendo el basamento de todo el andamiaje político, la fuente de toda la fuerza, no subordinanda nunca.
El poder constituyente originario parte de una revolución apoyada por la nación.
Tiene algunas limitaciones, aunque parezca contradictorio.
La idea del derecho natural esta fuera del ámbito del poder constituyente, por la sencilla razón de que los derechos fundamentales del hombre no pueden ser violentados por ningún poder. El principio de la división de poderes, asumido como dogma por el constitucionalismo liberal moderno, debe mantenerlo la Constitución producto de la Constituyente, ya que es la forma y manera de garantizar los principios de democracia y justicia social que son inherentes al derecho natural.
El principio de legitimidad está íntimamente ligado al de democracia como una naturaleza lógica de la misma. El pueblo debe tener una intervención, aunque sea representativa, y el objeto ha de ser una Constitución que instaure, sostenga o refuerce la democracia; el objeto de la Constituyente ha de ser una Constitución que sea realmente democrática y no un disfraz de autocracia, como ocurre hoy en día en algunos países sudamericanos.
Siempre hay la posibilidad de convocar el poder constituyente democrático y soberano.
Hoy el PLD le hace una trastada al pueblo y a la historia de República Dominicana imponiendo una reforma constitucional deficiente y hecha a la medida del presidente Fernández. El PRD tiene que fijarse como meta conquistar los espacios legislativos que permitan imponer la fuerza del pueblo y el justo derecho de reconstruir el aparato del Estado dominicano sobre la base de un poder constituyente democrático, soberano y orientado por principios de participación y justicia social.
Publicado en el Listín Diario, 08/04/2009

miércoles, 10 de septiembre de 2008

¡Nooo, aunque sean eunucos!

¡Nooo, aunque sean eunucos!
Julio Mariñez Rosario


Un gobierno que se ha destacado por el uso abusivo de los fondos públicos en función de los intereses de la claque gobernante, sin importarle el deterioro de la institucionalidad democrática, la legitimidad de sus actos o decoro de la dignidad pública, pretende meterle la mano a los mas más de 60,000 millones de pesos de la Seguridad Social y hacer fiesta a discrecionalidad con ellos. No podemos creer que serán utilizados en términos de probidad y eficiencia, aunque nos digan que un grupo de eunucos cuidarán de los mismos.


Recordemos a Constantino y aprendamos de la historia las lecciones para un mejor desempeño en beneficio de nuestra colectividad. Constantino, quien fue emperador de Roma (306-337 DC), como medida práctica para prevenir la corrupción solía castrar a los burócratas.


Para prevenir la corrupción, no para castigarla. Este hombre, reconocido por la cristiandad mundial como un modelo de virtud y santidad, pensaba que los funcionarios debían ser sólo leales al Emperador y no a ellos mismos o a sus familias. De allí que suponía que los eunucos se liberaban de las pasiones humanas, como la codicia u otras flaquezas, y podían dedicarse honestamente a sus funciones de servidor público. Constantino no pudo triunfar en esa batalla. A pesar de que los funcionarios no tenían esposas, hijos, amantes; la corrupción continuaba galopante.


El Emperador no logró formar un inmenso contingente de funcionarios que trabajaran honesta y desinteresadamente, más allá de sus ingresos legales, por el Estado y el pueblo de Roma. Esa batalla la perdió Constantino El Grande, a pesar de su radical medida de esterilizar a buena parte de la burocracia romana.


El punto central de la corrupción se encuentra en el estatismo asfixiante que limita la posibilidad de participación y de control por parte de diferentes agentes sociales. La raíz de las fuerzas que corrompen a los gobiernos está en ellos mismos, en la noción de que la solución a los problemas la tiene una claque que ejerce el poder y cuanto menos control tenga, más flexibilidad tienen para manejar los temas complicados que deben afrontar.


Los que así piensan, los que creen que la democracia representativa es un cheque en blanco sobre el que hay que presentar cuentas cada cuatro años en medio de una campaña electoral donde prolifera el ruido bullanguero y la malversación de fondos, consideran que el gobierno debe atender la solución de todos los problemas, sin observar que el gobierno, en muchísimos casos, es parte u origen del problema.


En caso de darle el zarpazo a los fondos de la Seguridad Social dominicana, por parte de un gobierno carente de legitimidad, que no ha mostrado respeto por los derechos ciudadanos, tendremos el triste espectáculo de contemplar una institución colocada en bancarrota, con sus dineros en vilo y una ciudadanía en la que crece la decepción por la democracia. En las manos de este gobierno, ni colocando eunucos a cuidarlos, estarán seguros los más de 60 mil millones de pesos dominicanos, patrimonio de los trabajadores pensionados.


Publicado en el Listín Diario, 09/09/2008

jueves, 4 de septiembre de 2008

La paradoja de Easterlin

La paradoja de Easterlin
Julio Mariñez Rosario


El profesor de la Universidad Southern de California, economista Richard Easterlin puso en circulación la llamada “paradoja de Easterlin” (1974); una teoría que aborda la relación entre el desarrollo económico de una nación y su nivel de felicidad. La conclusión es que el incremento productivo de una sociedad no hacen más felices a los miembros que la componen.

Explica, tras estudiar la evolución económica de los EEUU entre los años 1945 y 1974, que el aumento de riqueza no tiene una correlación directa con el crecimiento de los niveles de felicidad de la nación. Que a medida que se deja atrás la pobreza y sus implicaciones en términos de hambre, sed y frío, no se da un aumento equivalente en el nivel de felicidad en la población señalada. Esta teoría tiene amplia relación con la desarrollada por el politólogo Ronald Inglehart, de la Universidad de Michigan, quien estudio la tendencia de cambio cultural que resulta del crecimiento económico y la seguridad que ello implica. Inglehart fundamenta sus conclusiones en un ambicioso trabajo que se conoce como Encuesta Mundial de Valores.

Inglehart establece que una sociedad marcada por carencias es una sociedad “materialista” y orientada a valores individuales. Mientras que la sociedad “post-materialista” se fundamenta en ideas de autorrealización y participación. Evidentemente dos valores que resaltan en la tendencia son la educación y la profundización de la democracia.

Estos son dos temas álgidos en la sociedad dominicana, ya que la educación dominicana aun no prepara al conjunto de la sociedad y particularmente a la juventud, para afrontar los retos de un mundo complejo tanto por los niveles de requerimiento de conocimiento, como por la angustia que produce la exigencia de competir para lograr los escasos espacios donde poder lograr la autorrealización personal.

La democracia, el segundo valor, de idéntica manera muestra claras señales de retroceso al observar como se desvirtúan los procesos electorales con el abusivo gasto del erario público en favor de campañas partidarias, la planificada liquidación de los partidos políticos de oposición y el bloqueo sistemático de emprender una adecuada Reforma Constitucional que asimile creaciones de avanzada que haga de nuestra democracia una institución perfectible. De acuerdo a estos valores la República Dominicana, bajo este régimen de claro corte personalista y autoritario, se le hará muy difícil alcanzar niveles de autorrealización y democracia esenciales para dejar atrás definitivamente el nivel de atraso y de infelicidad que vivimos la mayoría de la población dominicana.
Publicado en el Listín Diario el día 04/09/2008

miércoles, 20 de agosto de 2008

La reelección

La reelección
Julio Mariñez Rosario


Asistimos a la toma de posesión del tercer mandato del presidente Leonel Fernández. Un ejemplo más de un cuestionado triunfo electoral, al que ya muestra que no corresponde a un éxito político. Y la afirmación se sustenta en la tradición política de Latinoamérica.

Generalmente, la reelección se percibe en nuestra región iberoamericana como una desviación personalista. De allí que los políticos que buscan formalizar gobiernos sobre la base de instituciones consolidadas han promovido constituciones que impiden el mandato interminable de una persona o claque gobernante. Pero hoy vemos que Latinoamérica pareciera que vuelve sobre pasos transitados, los cuales no presentan, salvo el caso coyuntural de Colombia, buenos resultados.

Alberto Fujimori, en Perú, forzó una reforma en 1993 que en 1995 le permitió presentarse y ganar unas elecciones altamente cuestionadas. Luego maniobró sobre la base de un artilugio jurídico, con poderes públicos mediatizados, y sobre la base de una denominada “interpretación autentica” de la constitución, para presentarse a una segunda reelección. Los resultados son hartos conocidos: triunfo electoral cuestionado, crisis política, huida al Japón y hoy sometido a la justicia peruana por diversos delitos.

El gobierno de Carlos Saúl Menem, en Argentina, se aventuró a la reelección. En 1996, dos años después de Menem, su par brasileño, Fernando Henrique Cardoso, igualmente ambicionó alargar en el tiempo su posición de poder. Ambos experimentos fueron desastrosos, más para Argentina que para Brasil, ya que Lula da Silva ha resultado un estadista que supo superar la crisis económica que heredó del segundo gobierno de Cardoso.

Latinoamérica transita temerosa hacia la reelección. Catorce de dieciocho países latinoamericanos permiten la reelección de una u otra manera, aunque no indefinida. Ecuador y Costa Rica, países que hasta 1998 el primero, y el 2003 el segundo, la impedian, retornaron a la reelección en sendos periodos consecutivos.

La experiencia de Colombia y Venezuela aparecen contradictorias. En Colombia se argumenta que las derrotas que han sufrido las FARC y otros grupos insurgentes se deben en buena medida a la continuidad de una política de enfrentamiento al fenómeno narcoguerrillero. O sea, un argumento coyuntural. En Venezuela, tras aceptarse en la constitución de 1999, el pueblo venezolano le dijo no a la reelección indefinida. O sea, que el pueblo considera que un proceso de cambio no puede sustentarse en un solo dirigente ya que sería efímero.

El vaivén de la política latinoamericana ha colocado la reelección en el tapete de la discusión pública. No se ha aceptado la reelección indefinida. Evidentemente la reelección parcial ha sido aceptada presionada por factores coyunturales que motivan decisiones circunstanciales. Hasta ahora la historia ha dejado mal parados a los reeleccionistas y, salvo el experimento colombiano que tiene características sui generis, la reelección no es un sistema que le brinde estabilidad y prosperidad a ningún pueblo regido por un sistema presidencialista de gobierno. Esperemos que el presidente Fernández no escuche a la claque gobernante y no someta al país a una crisis mayor de la que ya estamos sufriendo aspirando a perpetuarse en el poder.


Publicado en el Listín Diario, 20 de agosto de 2008

jueves, 17 de julio de 2008

Legitimidad de desempeño

Legitimidad de desempeño
Julio Mariñez Rosario

El desarrollo de la democracia moderna pasa por un concepto de altísimo contenido sustantivo el cual permea todos los sectores de la sociedad pluralista: la legitimidad de desempeño.
La legitimidad de ocupación o desempeño la podemos definir de acuerdo a lo establecido en la Carta Interamericana Democrática. Se entiende por legitimidad de desempeño el cumplimiento de los elementos esenciales de la democracia contenidos en los artículos tercero y cuarto de la Carta que señalan que “son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.
Además en el cuarto: ‘Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.
La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia. Visto los correspondientes textos, nos encontramos que la democracia dominicana es sumamente deficiente. Un gobierno que atenta contra ‘el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos’ carece de legitimidad de desempeño. Es evidente la falta de ‘transparencia de las actividades gubernamentales’.

Es sumamente cuestionable la conducta del gobierno en cuanto a ‘la probidad, la responsabilidad (Ö) en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.’ En fin, este es un gobierno que carece de legitimidad de desempeño y por esa vía nos lleva a un escenario de ingobernabilidad que nos hará padecer nefastos e inimaginables momentos de dificultades sociales. Pero la legitimidad de desempeño también es un concepto que se aplica a las agrupaciones políticas de todo tipo, bien sean estos partidos políticos u asociaciones de ciudadanos que generan opinión. Visto así, corresponden a los miembros de los distintos conglomerados luchar porque se cumpla con el ejercicio militante que garantice la legitimidad de desempeño.

Se pretende manipular la voluntad del pueblo conformando listas que no reflejan el sentir de la mayoría y cercenan el legítimo derecho de los electores a elegir democráticamente. No piensan que la deslegitimación de los partidos obra a favor de un gobierno sin escrúpulos que trabaja por imponer un régimen autoritario que desconoce la legitimidad de desempeño. De allí la afirmación contundente, de que la legitimidad de desempeño permea todos los sectores de la sociedad. Y pobre de aquel que atente contra su práctica en cualquiera de sus instituciones. La saturación mediática, pasará y prevalecerá la verdad.


Publicado en el Listín Diario: lunes, 14 de julio de 2008

sábado, 21 de junio de 2008

¡Oh! ¿Y la Carta Democrática?

¡Oh! ¿Y la Carta Democrática?
Julio Maríñez Rosario


Los prepotentes no se detienen a ponderar sus actuaciones. Se olvidan que la República Dominicana ha suscrito documentos fundamentales, comprometiéndose al ejercicio de una democracia sobre la base del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el fortalecimiento de los partidos, la observancia de los derechos económicos, sociales y culturales y la participación permanente, ética y responsable, de la ciudadanía en un marco de legalidad. Esto parece no estar claro para la claque gobernante y sus capitostes se consideran protegidos de impunidad y no creen poder ser sometidos a la justicia, pues alardean tenerla en sus manos.

Entre los muchos acuerdos de fortalecimiento de la democracia está la “Carta Democrática Interamericana”. Este importante compromiso fue suscrito en el marco del vigésimo octavo período de sesiones de la OEA realizado en Lima, Perú, el 11 de septiembre de 2001. Allí se reafirma que la democracia no es el ejercicio periódico de votar con el fin de designar representantes a quienes se les otorga un cheque en blanco para que hagan lo que le venga en ganas ni rendir cuentas en las próximas elecciones. No. La democracia, según la Carta Democrática, comporta valores que deben ser observados con atención y un gobierno se legitima en su accionar diario en la medida que su desempeño corresponde con lo valores indicados. Caso contrario, a pesar de la legalidad de su elección, su legitimidad decae porque la ciudadanía tiene el derecho de ser administrada conforme a principios democráticos de respeto a los derechos humanos, económicos, sociales y culturales; con un gobierno que actúe sobre la base de principios éticos de aceptación universal y con responsabilidad de acuerdo al respeto del orden constitucional.

Pero el gobierno continuista se conduce a contra señal de lo pautado en la Carta Democrática. Ya lo muestra el informe de la OEA tras el descaro electoral. Bien lo expresa las conclusiones de la Comisión Política del PRD, hecha pública por el presidente del partido, compañero Ramón Alburquerque, puntualizando que la legitimidad del próximo gobierno está en entredicho, debido a las denuncias del uso de los recursos del Estado, la compra de dirigentes de otros partidos y la concentración del espectro radiofónico en la pasada campaña, afirmando que el PRD publicará un documento con los detalles de todas las irregularidades que se cometieron en el pasado proceso electoral.

Allí hay suficiente material que prueban la violación continua de la Carta Democrática Interamericana por parte de la claque del gobierno continuista. Y todo indica que seguirán desbocado s en sus tropelías en contra del estado de derecho, colocándose como un régimen de cuestionable origen legal y en total insubordinación con respecto a los mandamientos que legitiman cada día a un régimen democrático.

El PRD y la sociedad dominicana se encuentran en estado de permanente alerta y dispuestos a transitar las escasas vías democráticas que aún la claque en el gobierno no han podido liquidar en el país, así como los escenarios internacionales en los que se puede buscar la justicia que tanto exige y añora el pueblo dominicano. Así que: ¡Alerta con la Carta Democrática!

Publicado en el Listín Diario, sábado 21/06/2008