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miércoles, 1 de abril de 2009

La Asamblea Revisora

La Asamblea Revisora
Julio Mariñez Rosario

La Asamblea Revisora, satanizada por Leonel Fernández durante el cuatrienio 2000-2004, y tomada ahora como arma estratégica para acomodar la posibilidad de su repostulación, en el año 2012, basándose en la debilidad por el desequilíbrio estructural de nuestro Congreso Nacional, aprovechándose la manera de aparcería sin requisito curricular, como son escogidos los legisladores del país, siendo así, en la Asamblea Nacional, el 82% lo representan los diputados y el 18% los senadores.
Esto significa claramente que esta asamblea la gobiernan mayoritariamente los diputados, ejerciendo su espíritu de cuerpo, con un real desequilibrio para un consenso parlamentario juicioso. De manera insolita, el trabajo lo harían; 210 asambleístas revisores para una agenda de 10 millones de ciudadanos.
¿Es justo pues, que en el marco de la debilidad institucional que tenemos en nuestro país, se pretenda hacer una nueva Constitución, en donde solo participen 210 ciudadanos(as) dominicanos(as) en vez de acogernos a una constituyente ya consensuada, en que se exprese la población dominicana entera?
Durante el cuatrienio 2000-2004 Leonel Fernández fue quien hizo de principal vocero del PLD, defendiendo la Reforma Constitucional a través de la Constituyente. Hoy iza la bandera de su conveniencia y la rechaza. El error cometido con la Reforma Constitucional anterior, no puede justificar, que la clase política siga hacia el despeñadero institucional, pensando en protección de los grupos y no en el País. Hipólito Mejía de manera franca y honorable, reconoció su traspié.
Todos conocemos los resultados de la “Alta Comisión de Juristas” que creó el Presidente Fernández para preparar un borrador de Reforma Constitucional, y que en consulta a la población, el 68% aprobó la Asamblea Constituyente.
El Presidente hizo caso omiso al borrador que le entregó la Alta Comisión de Juristas, con la modificación y adecuación de los 122 artículos de la actual Constitución, y en cambio, envió su borrador personal, que es una nueva Constitución con 245 artículos. En el contenido de esta Constitución el presidente Fernández propone hacerse un traje a la medida, para presentarse a la reelección nuevamente con un truco de cámaras y juego de espejos, en donde tanto: la clase política, la Alta Comisión de Juristas, los prospectos presidenciales del PLD, como los de la oposición, cree él, que somos neófitos ó mongólicos.
A partir del proyecto de la Constitución presentada por el Presidente Leonel Fernández, y aprobada por los legisladores del PLD, todas las violaciones, corrupción, inseguridad pública y abusos de poder, cometidos por el gobierno peledeísta hasta hoy, serán legalizadas por la aplanadora de Leonel y es pa¥lante que van.
Pero, ¿se quedará de brazos cruzados el liderazgo emergente, que espera oportunidad en la alternabilidad democrática del poder, en las diferentes formaciones políticas y sociales del pueblo dominicano? Lo dudo!!!

miércoles, 27 de agosto de 2008

¡Cuidado con la Constitución!

¡Cuidado con la Constitución!
Julio Mariñez Rosario


Los atenienses hacían remontar su Constitución a las reformas de Clístenes, en el 508 adC, año que suele tomarse como fecha de nacimiento de la democracia. Pericles, sobrino nieto de Clístenes, implementó en la Atenas Imperial el primer gobierno de elección popular. Desde entonces, los pueblos de occidente prepararon, en el marco de la constitución clisteneana, diferentes adecuaciones y modalidades. Siguiendo el proceso histórico, los países latinoamericanos y del Caribe adoptaron los principios que derivaron de la revolución en EEUU y Francesa a finales del siglo XVIII; así ha ocurrido posteriormente, hasta el presente, con las reformas constitucionales que se han venido realizando en todos estos países.


La primera Constitución dominicana, influenciada por la de Cádiz de 1812, fue proclamada el 6 de noviembre de 1844. El fervor democrático que acompañaba esta conquista fue atropellada por Pedro Santana, primer presidente dominicano, con el artículo 210 que lo convertía en dictador. Se repitió en la revisión de 1854, que aunque eliminó el artículo 210 de la Constitución, dispuso en el ordinal 22 artículo 35, la potestad de tomar medidas dictatoriales. La Constitución liberal aprobada por la Cámara de Diputados, en la villa de Moca, el 19 de febrero de 1858, fue atropellada de nuevo por Santana al recuperar el poder. Desde entonces, trajes a la medida, han sido los diferentes proyectos de reformas constitucionales en nuestro país.


Muchos son los temas que agobian la cotidianidad de los dominicanos, colocando de bulto la ineptitud y la corrupción del gobierno de turno. Otros muestran las fallas del sistema político que exigen una reforma urgente orientada a institucionalizar principios de participación democrática, transparencia, eficiencia, rendición de cuentas, administración pública en beneficio del ciudadano, entre otros puntales que fortalecen y hacen del sistema democrático un órgano vivo y perfectible en el tiempo. Pero nos atormentan los problemas del día a día y el gobierno luce feliz ya que desvía la atención sobre la impostergable reforma constitucional.


Varios han sido los elementos desencadenantes que han desatado el proceso de cambio en el país. La muerte de Trujillo, el triunfo electoral del PRD y la presidencia de Juan Bosch, la Guerra Patria y constitucionalista de abril de 1965, los sucesivos gobiernos del PRD que dieron al traste los 12 años de Balaguer, entre otros. A estos elementos de carácter político hay que agregarle otros de índole económicos, social, internacional, cuya interconexión identifican el cambio como complejo y múltiple.


Estamos en una etapa en que el liderazgo político y lo que significa en el marco de la teoría política, facilita el proceso de democratización, ya que los actuales actores políticos están formados en una época en que las formas autoritarias lucen fuera de tiempo, aunque no se descarta la tentación autocrática alimentada por segundones cuya ambición puede más que el sentido de patria.


Es el momento de iniciar, vía una asamblea constituyente, una reforma profunda de nuestra Constitución. Una que nazca producto del compromiso con formas democráticas avanzadas y perfectibles, que no sea partidaria, que no refleje los intereses de un sector político, sea éste partido, grupo de presión o de interés. Que sea un instrumento que emerja del consenso y no de la exclusión. Una Constitución en la que prime el fin supremo de fortalecer en la Nación los valores de libertad, justicia, igualdad, pluralismo, eficiencia, transparencia y participación; donde queden claros temas de debate soslayados en la agenda política, avasallados por el ruido de los momentos electorales como la igualdad material, la igualdad formal, los derechos y libertades, la dignidad, los principios de legalidad y responsabilidad de los poderes públicos, las limitaciones que deben imponerse a la potestad pública, el desarrollo de valores superiores en el ordenamiento constitucional que garanticen el ejercicio de una ciudadanía plena en el marco de un instrumento legal superior, que sea baluarte en la defensa de derechos y deberes que garanticen el desarrollo nacional y la calidad de vida de los ciudadanos.


Reflexionemos señores del gobierno para que tantos hechos notorios de inseguridad y violación a los derechos de los ciudadanos y el rumor público, de una gestión de gobierno desacreditada, no precipite a la población a un levantamiento en que colapse nuestra frágil democracia.


Publicado en el Listín Diario, 26 de agosto de 2008

martes, 8 de julio de 2008

¡Ojo con la desobediencia civil!

¡Ojo con la desobediencia civil!
Julio Mariñez Rosario

La desobediencia civil no es sinónimo de violencia. Dejemos claro esta afirmación para atajar cualquier intento de manipulación de parte de la claque reeleccionista que es experta en desvirtuar posiciones y, mediante el manejo y la saturación mediática, crear sombras de dudas intentando conformar una percepción negativa en la población.

Son técnicas utilizadas por los fascistas y ampliamente practicadas por los continuistas. De idéntica manera, no vamos a desarrollar la tesis originaria de Henry David Thoreau, quien se negó a pagar los impuestos en 1846, como protesta a la existencia de la esclavitud en Estados Unidos y la guerra con México. Vamos a tratar el tema en el marco de una “democracia constitucional”, como la nuestra, la que por sus deficiencias algunos teóricos llaman “casi democracia”, donde todos está en juego.

El pluralismo moderno resulta de los principios de legitimidad democrática. Es parte del Derecho Interamericano, como lo prueba la Carta Democrática suscrita en el marco de la OEA. Esta idea de legitimidad se orienta en la articulación de un acuerdo constitucional que formalice instituciones bien estructuradas que hagan realidad los principios de ciudadanía sobre bases igualitarias, modernas; de la posibilidad de participación de todos los ciudadanos en el gobierno y, especialmente, en la manera de ser gobernados.

A los gobiernos que trabajan para transformarse en regímenes autoritarios continuistas les conviene entender la desobediencia civil como contraria al derecho. Se apoyan en un sistema implantado usando medios ilegítimos, apuntalados por un ordenamiento legal caduco y atrasado, alejado totalmente de los principios de descentralización, participación, transparencia y eficiencia, que distinguen a un sistema político moderno.

Se le deja al ciudadano poco espacio para actuar en defensa de sus derechos, vulnerados día a día, tales como los atropellos de parte de funcionarios, al negar información oportuna y veraz, el ser sometido a reglamentaciones arbitrarias, el no recibir servicios públicos que garanticen calidad de vida, al no disponer de mecanismos para rechazar medidas infames por parte de la Administración Pública, entre otros.

Los adversarios de la desobediencia civil ubican el tema en el estricto marco del derecho, amparándose en un ordenamiento jurídico obsoleto, sobre el cual el país exige su reforma estructural, para dar paso a formas democráticas modernas.

La desobediencia civil debe colocarse en el campo de la democracia activa, participativa, como un principio defensivo de la ciudadanía frente a una situación que lacera los derechos fundamentales de los dominicanos.

La desobediencia civil no es la actuación de un individuo o de un grupo limitado de personas, es la expresión de una comunidad que surge cuando se ha convencido de que los canales normales, legales para el cambio positivo no funcionan porque han sido secuestrados por una claque continuista que paraliza el desarrollo democrático hacia la modernidad.

Es una manifestación frente a la acumulación de quejas que atormentan al ciudadano. Por otra parte, el gobierno de turno, cuestionado en su legitimidad y sobre el cual pesan graves dudas, se aferra a mantener en función, privilegios irritantes en favor de intereses particulares de la clase gobernante.

Históricamente la desobediencia civil ha dado sus frutos. El ejemplo de Gandhi o Martin Luther King son algunos. En América Latina se han experimentado con diversas formas que han obtenidos variados resultados.

Lo medular, lo cierto, es que a la hora de enfrentar un gobierno que se muestra todopoderoso, sin escrúpulos para utilizar los mecanismos y mantenerse ilegítimamente en el poder, la población no tiene otro camino que apelar a la desobediencia civil como forma de lucha para lograr una democracia moderna en la que la transparencia, la eficiencia y la participación sean los pilares sobre los cuales se sostenga el sistema político nacional.
Publicado en el Listín Diario, 08 de julio de 2008