Julio Mariñez Rosario
Los atenienses hacían remontar su Constitución a las reformas de Clístenes, en el 508 adC, año que suele tomarse como fecha de nacimiento de la democracia. Pericles, sobrino nieto de Clístenes, implementó en la Atenas Imperial el primer gobierno de elección popular. Desde entonces, los pueblos de occidente prepararon, en el marco de la constitución clisteneana, diferentes adecuaciones y modalidades. Siguiendo el proceso histórico, los países latinoamericanos y del Caribe adoptaron los principios que derivaron de la revolución en EEUU y Francesa a finales del siglo XVIII; así ha ocurrido posteriormente, hasta el presente, con las reformas constitucionales que se han venido realizando en todos estos países.
La primera Constitución dominicana, influenciada por la de Cádiz de 1812, fue proclamada el 6 de noviembre de 1844. El fervor democrático que acompañaba esta conquista fue atropellada por Pedro Santana, primer presidente dominicano, con el artículo 210 que lo convertía en dictador. Se repitió en la revisión de 1854, que aunque eliminó el artículo 210 de la Constitución, dispuso en el ordinal 22 artículo 35, la potestad de tomar medidas dictatoriales. La Constitución liberal aprobada por la Cámara de Diputados, en la villa de Moca, el 19 de febrero de 1858, fue atropellada de nuevo por Santana al recuperar el poder. Desde entonces, trajes a la medida, han sido los diferentes proyectos de reformas constitucionales en nuestro país.
Muchos son los temas que agobian la cotidianidad de los dominicanos, colocando de bulto la ineptitud y la corrupción del gobierno de turno. Otros muestran las fallas del sistema político que exigen una reforma urgente orientada a institucionalizar principios de participación democrática, transparencia, eficiencia, rendición de cuentas, administración pública en beneficio del ciudadano, entre otros puntales que fortalecen y hacen del sistema democrático un órgano vivo y perfectible en el tiempo. Pero nos atormentan los problemas del día a día y el gobierno luce feliz ya que desvía la atención sobre la impostergable reforma constitucional.
Varios han sido los elementos desencadenantes que han desatado el proceso de cambio en el país. La muerte de Trujillo, el triunfo electoral del PRD y la presidencia de Juan Bosch, la Guerra Patria y constitucionalista de abril de 1965, los sucesivos gobiernos del PRD que dieron al traste los 12 años de Balaguer, entre otros. A estos elementos de carácter político hay que agregarle otros de índole económicos, social, internacional, cuya interconexión identifican el cambio como complejo y múltiple.
Estamos en una etapa en que el liderazgo político y lo que significa en el marco de la teoría política, facilita el proceso de democratización, ya que los actuales actores políticos están formados en una época en que las formas autoritarias lucen fuera de tiempo, aunque no se descarta la tentación autocrática alimentada por segundones cuya ambición puede más que el sentido de patria.
Es el momento de iniciar, vía una asamblea constituyente, una reforma profunda de nuestra Constitución. Una que nazca producto del compromiso con formas democráticas avanzadas y perfectibles, que no sea partidaria, que no refleje los intereses de un sector político, sea éste partido, grupo de presión o de interés. Que sea un instrumento que emerja del consenso y no de la exclusión. Una Constitución en la que prime el fin supremo de fortalecer en la Nación los valores de libertad, justicia, igualdad, pluralismo, eficiencia, transparencia y participación; donde queden claros temas de debate soslayados en la agenda política, avasallados por el ruido de los momentos electorales como la igualdad material, la igualdad formal, los derechos y libertades, la dignidad, los principios de legalidad y responsabilidad de los poderes públicos, las limitaciones que deben imponerse a la potestad pública, el desarrollo de valores superiores en el ordenamiento constitucional que garanticen el ejercicio de una ciudadanía plena en el marco de un instrumento legal superior, que sea baluarte en la defensa de derechos y deberes que garanticen el desarrollo nacional y la calidad de vida de los ciudadanos.
Reflexionemos señores del gobierno para que tantos hechos notorios de inseguridad y violación a los derechos de los ciudadanos y el rumor público, de una gestión de gobierno desacreditada, no precipite a la población a un levantamiento en que colapse nuestra frágil democracia.
Publicado en el Listín Diario, 26 de agosto de 2008
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